De manera inusual, al participar en la firma de un convenio con el Conapred para trabajar en conjunto contra la discriminación, el ministro de la Corte, José Ramón Cossío, calificó a la ley de "infamante" y de "increíble" que este tipo de normas se generen en un país que "suponíamos en un nivel de desarrollo de la civilización más importante".

En el mismo evento la ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, pidió recordar que Isaac Newton solía decir que era mejor tender puentes y no muros para mirarnos en igualdad, escucharnos en igualdad, colaborar en igualdad, para contribuir a un mejor desarrollo.

Mientras que el presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, advirtió que "al miedo a la diversidad se está sumando el miedo a la inseguridad, que provoca la tentación de poner muros de todo tipo, de dividir, de crear espacios sociales y económicos exclusivos, de legislar contra las personas -como es el caso de la Ley SB1070 del Estado de Arizona- y de renunciar a libertades y derechos a cambio de la seguridad".

La Corte y el Conapred firmaron un convenio para que ambas instituciones emprendan actividades de investigación, formación y promoción enfocadas a prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación.

En este contexto el ministro Cossío consideró "de la mayor importancia que renovemos los esfuerzos, los compromisos, con todos los problemas que podemos tener como nación, pues no nos dejemos llevar por estas tentaciones de la discriminación".

Por este motivo, para el titular de la Conapred, Ricardo Bucio, "los análisis, derivados de la colaboración, ayudarán a visualizar la existencia de discriminación subyacente en una gran cantidad de asuntos que son presentados ante este tribunal, y a que el estudio jurídico realizado por los juzgadores contenga la perspectiva del derecho a la no discriminación".

Porque, afirmó, "desde Conapred nos parece especialmente importante que la SCJN atraiga casos cuyas sentencias puedan ser especialmente relevantes en el combate a la discriminación".

En especial, dado que las resoluciones de este tribunal tienen el alcance suficiente para modificar la legislación, las políticas y acciones de gobierno, y pueden ser palancas eficaces para la transformación de la cultura social y política en nuestro país; cuestión en la que coincidió el ministro Cossío.