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La solicitud es para que Brown deje de participar en el programa Comunidades Seguras, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), hasta que la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional termine su reporte sobre ese programa.

El pedido de los legisladores ocurrió el mismo día que la oficina del inspector general indicó que será en agosto cuando inicie la evaluación del programa en cuestión. Inicialmente, había dicho que comenzaría su averiguación antes.

A nivel nacional, hasta ahora se ha deportado más inmigrantes no convictos y convictos de delitos menores que convictos por delitos graves, según cifras de ICE. Esto ha creado desconfianza de los inmigrantes hacia las autoridades del orden por temor a ser deportados, sostuvieron los legisladores Xavier Becerra, Judy Chu y Lucille Roybal-Allard en una conferencia de prensa en las escalinatas del ayuntamiento de Los Angeles.

Los otros legisladores del área de Los Angeles que firmaron la carta son: Linda Sánchez, Maxine Waters, Grace Napolitano y Karen Bass.

Para evitar una mayor erosión de la confianza de los inmigrantes hacia la policía, el gobernador debe de dejar de participar en Comunidades Seguras, dijeron los congresistas en la misiva fechada el viernes.

"Tenemos que contar con la cooperación apoyo y confianza de todos nuestros vecinos y comerciantes de toda nuestra comunidad para lograr optima seguridad. Nuestros ciudadanos son socios indispensables de las agencias del orden. Ellos son nuestros oídos y ojos. Ellos reportan delitos y son testigos y buenos samaritanos", dijo Becerra.

"Pero existe una amenaza latente. El excesivo alcance de ICE no ha parado y no podemos esperar y ver cómo las agencias del orden pierden a su socio indispensable", agregó.

A través del programa, policías locales notifican electrónicamente al ICE cada vez que detienen a un inmigrante indocumentado. Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con las bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional, y de antecedentes penales del FBI.

Si se confirma que el arrestado es indocumentado, se inicia un proceso que eventualmente termina en deportación.

A nivel nacional, entre octubre del 2008 a abril de 2011 se deportaron a 31.834 no convictos y 33.487 convictos de hasta dos delitos menores, de acuerdo con la agencia de inmigración. Esta suma contrasta con los 28.156 deportados que fueron condenados por delitos serios, como asesinatos y violaciones, o de dos o tres delitos graves.

Para ICE, la clasificación de "no convicto" significa que el inmigrante no fue hallado culpable de un delito, pero no quiere decir que el inmigrante no haya sido arrestado antes, ni que no haya reingresado al país ilegalmente o que no tenga orden de deportación.

En una carta fechada el jueves y dirigido a la congresista de California Zoé Lofgren, el jefe interino de la oficina del Inspector General Charles Edwards dijo que la investigación determinará hasta que punto ICE usa Comunidades Seguras para hallar y deportar inmigrantes que son delincuentes peligros.

"Espero que investiguen si se está cumpliendo la meta del programa, que es arrestar a los delincuentes más peligrosos, y si el programa es voluntario u obligatorio", agregó Becerra.

Inicialmente, el ICE dijo que la participación en el programa era voluntaria y que los participantes podían decidir no enviar las huellas dactilares al Departamento de Seguridad Interna, pero después indicó que la cooperación es obligatoria.

Legisladores de California sopesan una propuesta que pide que los gobiernos locales tengan la opción de participar en el programa. Massachusetts, Nueva York e Illinois han decidido desvincularse de Comunidades Seguras. No es la primera vez que legisladores federales hispanos se pronuncian contra Comunidades Seguras. La primera semana de mayo, el Comite de Legisladores Latinos envió una carta al presidente Brack Obama pidiéndole que suspenda el programa.